CÓD.A01-S04-12 ONLINE

¿PUEDE HABLARSE DE JUSTICIA EN CASOS DE REDUCCIÓN DE PENAS POR PREACUERDOS? Sobre el concepto de justicia en la Justicia Premial. Análisis filosófico desde Habermas, Dworkin y Alexy.

Se analiza el tema de la justicia premial como taxonomía para la enseñanza del concepto de justicia en Latinoamérica. En este caso se enfoca la ponencia en la ley penal colombiana de 2004 (Ley 906), establecido en los dispositivos normativos 348 y siguientes, según los cuales el imputado o acusado de delito, puede negociar con el órgano acusador para lograr una reducción de la pena, o incluso, lograra el cambio de calificación del delito, con el propósito de terminar anticipadamente el proceso penal incoado en su contra, ahorrando tiempo, logística y dinero al Estado. El problema se centra en la idea de que, a través de esos “preacuerdos”, se puede lograr una reducción de pena menos provechosa para el imputado o acusado en casos de flagrancia, que en aquellos en los cuales se ha llevado a cabo una investigación adecuada y minuciosa por parte del órgano investigador; en este último supuesto, es posible acogerse a la reducción plena establecida en los dispositivos citados, observándose cierta discriminación en cuanto al concepto de justicia, pues se orienta el foco de atención no en el crimen en sí, sino en la forma en que se ha llegado a la posible conclusión de culpabilidad: flagrancia, o sentencia luego de la investigación y juicio. La pregunta que subyace en la investigación es si es posible apreciar en este criterio de justicia, alguna discriminación en cuanto a los propósitos que se persiguen con este tipo de acuerdos procesales: la finalidad de humanizar la actuación procesal y la pena. Para este fin, nos proponemos analizar este problema desde tres de las más importantes perspectivas filosóficas del derecho en cuanto al concepto de justicia se refiere, cuyas direcciones metodológicas, además, se dirigen al problema de fondo en la realidad jurídica de todo Estado democrático de derecho: hacer justicia. Así, se analiza el tema, primero, desde el concepto de derechos fundamentales en términos de teoría del discurso de Habermas; segundo, desde la concepción de justicia presente en los planteamientos de Ronald Dworkin, para cerrar el análisis con la idea de justicia desde la concepción de Robert Alexy. La idea que exponemos es el argumento sobre si la discriminación verificada por la Ley atenta contra los derechos fundamentales, en el marco conceptual de la “justicia premial”. Así, desde la perspectiva de Habermas, se trata de cómo alcanzar la verdad, en el marco de la discusión procesal señalada, a través del empleo de la capacidad negociadora de los interlocutores, y subsiguientemente hacer justicia; mientras que, desde la perspectiva de Dworkin, se trata de saber si estamos en presencia de una “discriminación inversa” de la justicia; y finalmente, desde el concepto de racionalidad práctica de Alexy, analizando si este concepto de justicia premial se inserta o no en el ámbito de la justicia práctica restaurativa en las tres direcciones en que se arguye: la víctima, el Estado y el imputado o acusado. Como reflexión final, se entiende la justicia premial como discriminación inversa en caso de preacuerdos derivados de capturas en flagrancia.

Palabras clave

Administración de Justicia derechos Fundamentales Ética Filosofía del derecho Justicia

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Preguntas y comentarios al autor/es

Hay 16 comentarios en esta ponencia

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      Magdiel Gomez Muñiz

      Comentó el 26/06/2021 a las 23:42:26

      El mismo Estado es un dispositivo dentro del dispositivo de la política. Llegamos al más puro núcleo de la teoría comunicativa de Habermas y sus giros copernicanos epistemológicos sin fin.

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        José Vicente Villalobos Antúnez

        Comentó el 27/06/2021 a las 21:26:16

        Totalmente de acierdo, querido colega. El Estado se ha transformado en un dispositivo de control, más de lo que supone su configuración como entidad tuitiva de los destinos de una Nación. Sin embargo, en virtud de las nuevas formas de organización que están emergiendo a la luz de las nuevas formas de poder que emergen tras los muros de la "sociedad digital", esta cuestión de la acción comunicativa está dando un giro de tal manera que no sabemos adonde desembocará.
        Estos son los temas que vienen surgiendo al fragor de los cam,bios tecnológicos, a los cuales el Derecho no está ni ausente ni de manos cruzadas.
        Gracias por sus comentarios

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        Jesús E. Caldera Ynfante

        Comentó el 27/06/2021 a las 23:11:07

        La ponencia nos invita a reflexionar sobre el Constitucionalismo Humanista, como desarrollo interno, en las Constituciones de los estados de Occidente, del que llamamos Humanismo Convencional que refleja la inserción dogmática de la dignidad humana como paradigma ontológico, teleológico y dogmático del Estado democrático constitucional.
        La dignidad humana, como dato antropológico de la juridicidad y la política sirve, al mismo tiempo, como un ethos configurador de una comunidad de naciones y un ordenamiento jurídico universal, regional y nacional donde la persona humana, y la plena y efectiva satisfacción de sus derechos humanos, es un imperativo normativo, ético, social y político inaplazable.
        El deber prioritario de los Estados, sus agentes y las instituciones recae en el respeto, la promoción, la protección y la efectiva realización de los derechos humanos a partir de la afirmación ética y normativa de que todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos, como lo consagra la Declaración Universal de DDHH (Carta de San Francisco, 1948) y los grandes Pactos y Convenciones aprobados y en vigencia luego de la segunda posguerra mundial.
        Los derechos fundamentales, como instrumento de la justicia material en el Estado social de derecho -o Estado democrático constitucional- sirven como límite a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la propensión al abuso del poder, desde el poder político, sometiendo al Estado, como aparato abstracto, al imperio de la legalidad en la procura de la reducción de la violencia y la consolidación de la convivencia pacífica en la sociedad.
        La plena vigencia de los derechos fundamentales, desde su efectiva y tangible realización en la esfera de la vida de toda persona humana, es la expresión de un Estado que resalta a dignidad humana y brinda oportunidades para que todas y cada una de ellas puedan materializar su proyecto de vida valioso y, obteniendo realización humana, alcanzan ser felices. Un Estado al servicio del derecho a la autobiografía, es decir, a la autorrealización personal que estará habilitado para generar discriminación positiva cuando se trate de "nivelar" a los desiguales que quedan fuera del circuito de oportunidades para el esplendor de su personalidad por padecer una situación de diferencia o desigualdad que, de no ser conjurada por el Estado, dejaría sin corrección esquemas de exclusión o desigualdad que riñen con el enunciado de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos.
        El Legislador, al tipificar el derecho penal, tiene que mirar el sentido de justicia que significan los "premios" procesales a ciertos sujetos, como los delatores o quienes confiesan su participación en aparatos organizados de poder criminal, por ejemplo, sin que dichas "concesiones" signifiquen una ruptura del principio de igualdad ante la ley y de la individualización de la responsabilidad penal sobre el que se edifica la persecución penal estatal de signo liberal.
        Ahora bien, en relación del impacto que la Era de la Incertidumbre que vivimos traerá sobre la teoría y la organización estatal pasa por mirar, con suma atención, la relevancia de la tecnología sobre la vida humana y los sistemas sociales, políticos y económicos.
        Estos avances tecnológicos vienen a superar la concepción que Michel Foucault acuñó sobre la "Tecnología de Poder", haciendo mención a "los los procedimientos a través de los cuales las `relaciones de poder´ se articulan en una sociedad determinada mediante la producción de regímenes específicos de `verdad´ y `identifican o elaboran ellos una verdad a imponer a un sector´".
        El llamado "Poder de la Tecnología", en plena expansión, supera con creces la categoría "Tecnología del Poder" foucaultiana, superando, inclusive, los alcances regulatorios -y de control- del Estado mismo dado que, a través de su aplicación y uso masivo, con el `consentimiento´de los ùsuarios´terminan generando situaciones de observación, control, vigilancia y hasta de manipulación de la vida humana.
        Estamos ante un enorme desafío: Nos debatimos ante el poder ilimitado y desregulado que ejercen los grandes conglomerados corporativos tecnológicos, por una parte, más la utilización de la tecnología por parte de gobiernos autoritarios para someter a control biológico y político a la persona humana con la finalidad de `fidelizar´, cuando no de someter de forma arbitraria a los `súbditos´-vistos como meros `gobernados´- a quienes se le somete, domina o dirige sin atender, desde el Estado ni de las mentadas corporaciones tecnológicas, que el poder político, al igual que el económico, tienen que estar al cuidado de la vida humana, a la protección de la persona humana y de la naturaleza (Biocracia, en nuestro concepto), asumiendo que la la plena efectividad de los derechos humanos es un límite al poder estatal y, en definitiva, presupuesto esencial para la realización del derecho humano al Nuevo Orden Mundial aplicando, sin cortapisas, el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
        Lo anterior, sin demeritar que las tecnologías y el poder político y económico son caras de una misma moneda. Desde una perspectiva ética y un uso sensible para con la persona humana, la tecnología sirve para promover el bien, el buen vivir, ya que su uso en detrimento de las personas, bajo esquemas de perversidad o malevolencia, depende de quien la usa, aplica o controla dado que las tecnologías (Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Bigdata, Analítica de Datos, Ciberseguridad, Smart Cities o el E-goverment), por definición, se sostienen en el carácter neutral de las mismas pero que, como lo ha demostrado este tiempo de polarización política y de emergencia sanitaria, pueden terminar siendo reducidas a la posición de `herramientas de control´ desarrolladas para crear, adquirir y distribuir datos y que, como corolario, también pueden ser utilizadas para influenciar, monitorizar o perseguir a las personas, máxime, en manos de regímenes despóticos o autoritarios.
        En estudios recientes hemos venido reflexionando sobre la situación de "servidumbre tecnológica" a la que estamos sometidos como personas, muchas veces por nuestra propia elección, lo cual repercute en la pérdida de criterio, autonomía e independencia de la ciudadanía para el ejercicio informado y consciente de la política como actividad al servicio del bien social y la vida buena de la comunidad, en especial de los más vulnerables.
        Hoy, más que ayer, hay que repensar el concepto de Tecnocracia vinculado al estudio del "Poder de la Tecnología" -y de las empresas tecnológicas- como los factores de control de la vida que impactan a la persona humana, interfieren en el funcionamiento del Estado y producen una avalancha de efectos transgresores mutantes sobre la democracia, poniendo en cuestión categorías como `pueblo´, `soberanía popular´ o `soberanía nacional´m dando cabida a una naciente "Cybercarcia" que se abre camino `a hombros de gigante´ sobre las gigantes corporaciones tecnológicas que imperan sin límites terrenales, ni legales, ni temporales y, lo que es peor, muchas veces, sin restricciones éticas.

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        Jesús E. Caldera Ynfante

        Comentó el 27/06/2021 a las 23:15:05

        Rectius:

        La ponencia nos invita a reflexionar sobre el Constitucionalismo Humanista, como desarrollo interno, en las Constituciones de los estados de Occidente, del que llamamos Humanismo Convencional que refleja la inserción dogmática de la dignidad humana como paradigma ontológico, teleológico y dogmático del Estado democrático constitucional.
        La dignidad humana, como dato antropológico de la juridicidad y la política sirve, al mismo tiempo, como un ethos configurador de una comunidad de naciones y un ordenamiento jurídico universal, regional y nacional donde la persona humana, y la plena y efectiva satisfacción de sus derechos humanos, es un imperativo normativo, ético, social y político inaplazable.
        El deber prioritario de los Estados, sus agentes y las instituciones recae en el respeto, la promoción, la protección y la efectiva realización de los derechos humanos a partir de la afirmación ética y normativa de que todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos, como lo consagra la Declaración Universal de DDHH (Carta de San Francisco, 1948) y los grandes Pactos y Convenciones aprobados y en vigencia luego de la segunda posguerra mundial.
        Los derechos fundamentales, como instrumento de la justicia material en el Estado social de derecho -o Estado democrático constitucional- sirven como límite a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la propensión al abuso del poder, desde el poder político, sometiendo al Estado, como aparato abstracto, al imperio de la legalidad en la procura de la reducción de la violencia y la consolidación de la convivencia pacífica en la sociedad.
        La plena vigencia de los derechos fundamentales, desde su efectiva y tangible realización en la esfera de la vida de toda persona humana, es la expresión de un Estado que resalta a dignidad humana y brinda oportunidades para que todas y cada una de ellas puedan materializar su proyecto de vida valioso y, obteniendo realización humana, alcanzan ser felices. Un Estado al servicio del derecho a la autobiografía, es decir, a la autorrealización personal que estará habilitado para generar discriminación positiva cuando se trate de "nivelar" a los desiguales que quedan fuera del circuito de oportunidades para el esplendor de su personalidad por padecer una situación de diferencia o desigualdad que, de no ser conjurada por el Estado, dejaría sin corrección esquemas de exclusión o desigualdad que riñen con el enunciado de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos.
        El Legislador, al tipificar el derecho penal, tiene que mirar el sentido de justicia que significan los "premios" procesales a ciertos sujetos, como los delatores o quienes confiesan su participación en aparatos organizados de poder criminal, por ejemplo, sin que dichas "concesiones" signifiquen una ruptura del principio de igualdad ante la ley y de la individualización de la responsabilidad penal sobre el que se edifica la persecución penal estatal de signo liberal.
        Ahora bien, en relación del impacto que la Era de la Incertidumbre que vivimos traerá sobre la teoría y la organización estatal pasa por mirar, con suma atención, la relevancia de la tecnología sobre la vida humana y los sistemas sociales, políticos y económicos.
        Estos avances tecnológicos vienen a superar la concepción que Michel Foucault acuñó sobre la "Tecnología de Poder", haciendo mención a "los los procedimientos a través de los cuales las `relaciones de poder´ se articulan en una sociedad determinada mediante la producción de regímenes específicos de `verdad´ y `identifican o elaboran ellos una verdad a imponer a un sector´".
        El llamado "Poder de la Tecnología", en plena expansión, supera con creces la categoría "Tecnología del Poder" foucaultiana, superando, inclusive, los alcances regulatorios -y de control- del Estado mismo dado que, a través de su aplicación y uso masivo, con el `consentimiento´de los ùsuarios´terminan generando situaciones de observación, control, vigilancia y hasta de manipulación de la vida humana.
        Estamos ante un enorme desafío: Nos debatimos ante el poder ilimitado y desregulado que ejercen los grandes conglomerados corporativos tecnológicos, por una parte, más la utilización de la tecnología por parte de gobiernos autoritarios para someter a control biológico y político a la persona humana con la finalidad de `fidelizar´, cuando no de someter de forma arbitraria a los `súbditos´-vistos como meros `gobernados´- a quienes se le somete, domina o dirige sin atender, desde el Estado ni de las mentadas corporaciones tecnológicas, que el poder político, al igual que el económico, tienen que estar al cuidado de la vida humana, a la protección de la persona humana y de la naturaleza (Biocracia, en nuestro concepto), asumiendo que la la plena efectividad de los derechos humanos es un límite al poder estatal y, en definitiva, presupuesto esencial para la realización del derecho humano al Nuevo Orden Mundial aplicando, sin cortapisas, el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
        Lo anterior, sin demeritar que las tecnologías y el poder político y económico son caras de una misma moneda. Desde una perspectiva ética y un uso sensible para con la persona humana, la tecnología sirve para promover el bien, el buen vivir, ya que su uso en detrimento de las personas, bajo esquemas de perversidad o malevolencia, depende de quien la usa, aplica o controla dado que las tecnologías (Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Bigdata, Analítica de Datos, Ciberseguridad, Smart Cities o el E-goverment), por definición, se sostienen en el carácter neutral de las mismas pero que, como lo ha demostrado este tiempo de polarización política y de emergencia sanitaria, pueden terminar siendo reducidas a la posición de `herramientas de control´ desarrolladas para crear, adquirir y distribuir datos y que, como corolario, también pueden ser utilizadas para influenciar, monitorizar o perseguir a las personas, máxime, en manos de regímenes despóticos o autoritarios.
        En estudios recientes hemos venido reflexionando sobre la situación de "servidumbre tecnológica" a la que estamos sometidos como personas, muchas veces por nuestra propia elección, lo cual repercute en la pérdida de criterio, autonomía e independencia de la ciudadanía para el ejercicio informado y consciente de la política como actividad al servicio del bien social y la vida buena de la comunidad, en especial de los más vulnerables.
        Hoy, más que ayer, hay que repensar el concepto de Tecnocracia vinculado al estudio del "Poder de la Tecnología" -y de las empresas tecnológicas- como los factores de control de la vida que impactan a la persona humana, interfieren en el funcionamiento del Estado y producen una avalancha de efectos transgresores mutantes sobre la democracia, poniendo en cuestión categorías como `pueblo´, `soberanía popular´ o `soberanía nacional´ dando cabida a una naciente "Cybercracia" que se abre camino `a hombros de gigante´ sobre las enormes corporaciones tecnológicas que imperan sin límites terrenales, ni legales, ni temporales o, lo que es peor, muchas veces, sin restricciones éticas.

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      Magdiel Gomez Muñiz

      Comentó el 26/06/2021 a las 23:40:31

      Como siempre un placer escuchar tan preclaras participaciones, me da gusto poder compartir una reflexión final: ¿Es posible que estemos llegando a la extinción del Estado como ente regulador de los conflictos sociales? ¿existe posibilidad de una comunidad autorregulada sin la tutela de una ficción jurídica de igualdad en mundo desigual?

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        José Vicente Villalobos Antúnez

        Comentó el 27/06/2021 a las 21:09:53

        saludos cordiales, apreciado colega. Gracias por su opinión, cuestión que además valoramos a la luz de su profundo análisis inmerso en la pregunta (suelo evaluar a mis estudiantes no por lo que puede responder a mis preguntas, sino por las preguntas que ellos mismos se realizan de la situación o contexto presentado).
        Lo primero que puedo en lo personal decirle, es que a pesar de la crisis profunda que ha experimentado y experimenta el concepto de Estado, pienso que es difícil concebir la organización social sin esta forma de organización política que nos viene de la antigüedad griega. Pienso que la autotutela que se visualiza en el horizonte de una situación como la que plantea, es, por peligrosa, difícil de sostener en el tiempo, en caso que se imponga, puesto que los organismos independientes de la vida privada son garantía de cumplimineto de un orden social. Los clásicos y los modernos nos dan estas lecciones (Platón, Aristóteles, Séneca, Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant, Hegel, Habermas y otros muchos más), aunque lo importante es saber que la estructura del poder que deviene d ela organización política, permite establecer controles a los desafueros que en algún momento determinado imperen por vías de los acuerdos privados; siempre tendremos en cuenta la teoría de los límites de la que Kant ya nos dio cátedra.
        Y esa cuestión, conecta con la siguiente ionterrogante que Ud. plantea, pues a pesar de ser una ficción jurídica que proviene justamente de interpretar los hechos como paradigma de comprensión del mundo socio-político, la autotutela sin los límites a la discrecionalidad nos coloca a las puertas de la anarquía; a la inexistencia de principios societales, tan bien descritos por Luhmann, Weber y Habermas, entre otros. El ser humano debe atenerse a los límites que impone la convivencia en base a lo que la filosofía contemporánea denomina Filosofía del límite: estamos expuestos a nuestras propias carencias, especialmente de aquellas que nos impiden autiregularnos sin ocasionar colisones sociales provocadoras de conflictos.
        En fin, dadas las actuales circunstancias que hoy vivimos, sin embargo, han ido surgiendo nuebvos escenarios provocadores de nuevas incertidumbres, por demás tan imprevistas como discímiles y diversas. Autores como Han, Agamben, Espósito, entre otros un poco menos conocidos, aunque no por ello menos penetrantes en su análisis, como por ejemplo, Shoshana Zubof, describen algunas de las hipótesis que están inmersas en sus planteamientos dubitativos: enfrentarse a la sociedad que emerge hoy día, genera otro mundo de ficciones no solo jurídicas, como la de la abolición del Estado, sino sociales y culturales, como que es la tecnología el nuevo ente visto como Estado en otras dimensiones, hacen de la actual época una era de incertidumbres, a las cuales el Derecho y la filosofía Jurídica deben hacer frente como si se tratara de nuevo correlato empírico de actuación de la vida social. Los retos del futuro están a la vuelta de nuestras miradas.
        Gracias por sus comentarios.

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      Luis Eduardo Díaz - Cid

      Comentó el 25/06/2021 a las 21:21:14

      Hola Jose Vicente y demás Investigadores Internacionales de esta Magnífica Ponencia. Me queda una inquietud que quiero hacerles: ¿ Será que la justicia premial en el lugar de la verdad, busca un acuerdo que rompe con la atribución de la responsabilidad ?
      Si esto es así, entonces ¿el Estado Colombiano sede en su poder de soberanía, a pesar de que conserva su poder de castigar, por ceder en el ejercicio del poder de juzgar, y en esa medida, sede en el imperio del derecho? (Lo hago como pregunta y como afirmación)
      Gracias a todos, Fuerte abrazo.

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        José Vicente Villalobos Antúnez

        Comentó el 27/06/2021 a las 21:22:33

        Saludos cordiales, apreciado colega. Gracias por sus interesantes preguntas. Al respecto quisiera expresarle lo sguiente: Como puede evidenciarse de la ponencia, la justicia premial es un supuesto de acuerdo entre las partes en el proceso penal con el fin de poder arribar a una autocomposición del conflicto de caras a ahorra tiempo, dinero y trabajo al ente oficial encargado de la investgación criminalística para determinar un culpable de la acción delictual; pero también, es una forma de esclarecer los crímines muchas veces de tanta complejidad que podría llegarse a manifestar el riesgo de una sentencia injusta por diversas circunstancias que no analizo en este espacio, pero que pudiéramos discutir. Sin embargo, ese esclarecimiento, pudiera ser acelerado por esta vía de la autocomposición, cuestión que existe en otros campos del Derecho, pero que en el área penal son novedosos desde la promulgación de la Ley comentada. Ello no implica que el estado ceda en su soberanía, pues en ese caso, ya lo venía haciendo si lo miramos desde el campo del Derecho civil o laboral, por citar solo dos de los múltiples posibles. En todo caso, lo que se ve es la finalidad que se prevé en el dispositivo normativo analizado, esto es, el artículo 348 de la Ley 906 de 2004. Pienso que el imperi de la Ley no está en peligro, pues es el mismo ente soberano encarnado en el Estado quien está confiriendo este fuero negocial a las partes, siempre que se sometan a ciertos requisitos de procedibilidada, que de todas maneras son revisados a demás de por el ente investigador, por el mismo juez de conocimiento. Las garantías del ius puniendi están salvadas en virtud de lo dispuesto por la misma Ley, y por la jurisprudencia tanto penal como constitucional que han delimitado las posbilidades de preacuerdos.
        Nuestro motivo fue, sin embargo, analítico en el sentido de poder revisar el concepto de justicia negociada a la luz de los autores que nos sirvieron de soporte filosófico.
        Agradecemos enormemente su tiempo al haberle dedicado unos minutos para escucharnos. Feliz tarde

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        Frank Brady Morales Romero

        Comentó el 29/06/2021 a las 02:13:24

        Gracias por su participación, de verdad nos place que realicen tan profundas preguntas de interés, en el respeto y la comprensión global de nuestro trabajo.

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      Diana Marcela Hincapié Cetina

      Comentó el 25/06/2021 a las 18:26:16

      Resulta interesante el estudio propuesto, aunque no logro identificar ni en el resumen, ni en el video, la propuesta de innovación docente, si la novedad consiste en someter un beneficio procesal penal al lente de 3 autores, desde tres preguntas, Derechos fundamentales y justicia, respetuosamente sugiero lo siguiente: Habermas abjuró sobre la filosofía, identificarlo como un Filósofo es desconocer su giro hacia la Sociología Reconstructiva como matriz societal en la década del 70. En su obra Teoría de la Acción Comunicativa que es Sociológica (Retoma a Retoma a Weber, Parsons y Luhmann) hace un diagnóstico demoledor para el Derecho como el mayor cosificador del Mundo de la Vida y justamente en su obra Facticidad y Validez está su Teoría del Derecho. Ese ejercicio que proponen de aplicar los Principios de ética discursiva al Derecho, fue justamente lo que hizo su discípulo Robert Alexy y formuló su Teoría del Derecho como Argumentación, así que basta con aplicar las 10 reglas de argumentación de Alexy para aplicar los principios D y U de Habermas al discurso jurídico. Confieso que solo vi 15 minutos del video, porque ese era el máximo de duración estipulado, pero, sugiero que si lo que se va a cuestionar es lo que erradamente denominan "justicia premial", es importante retomar de los autores sus teorías de la justicia, para el Habermas lo ya señalado, más su propuesta de Justicia Constitucional y Patriotismo de la Constitución, de Dworkin su teoría de la respuesta correcta a la que el Juez Hércules debe dirigirse que forman parte de su Teoría del Derecho como Integridad y sugeriría trabajar juntos a Alexy y Habermas, por lo ya señalado. Finalmente, esa noción de dispositivo normativo, sugiero la revisen pues induce a pensar en el dispositivo Foucaultiano, que minimiza la teoría del Biopoder.

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        José Vicente Villalobos Antúnez

        Comentó el 25/06/2021 a las 22:16:47

        Gracias por ocuparse de nuestra ponencia, a pesar de su falta de tiempo para poder verla, cuestión que valoramos en grado sumo.

        Respecto de sus comentarios, no nos queda más que expresarle, con mucho respeto, que esa es su opinión, que por cierto consideramos desenfocada del tema en discusión. Sin embargo, debo indicarle que a Habermas se le concoce justamente no por su teoría del derecho, sino por su filosofía jurídica. Habermas es, a nuestro entender, uno de los mayores exponentes de la filosofía del derecho desde su interpretación de la teoría de la democracia en térmios de su teoría del discurso (TAC). Como bien indicamos en la ponencia, su propósito es hacer deducir de la aplicación del prinicipio del discurso al principio democrático, los derechos en democracia, entre ellos los derechos fundamentales. Atrás quedó su concepción del derecho como "cosificador" del Mundo de Vida. Hay, evidentemente, en su texto de 1992 un giro, al enteder que el Mundo de Vida es en democracia, la forma como las sociedades "altamente complejas" logran recostruir la acción no solo social, sino política. Eso, por un lado de su comentario.
        Por otro lado, en la ponencia se trata de comprender cómo es que se ve la justicia premial a la luz de los tres autores analizados, a lo cual le concedemos toda la razón a Ud. en cuanto a que los aportes a la experiencia docente o a la innovación educativa no se visualizan. Debimos realizar un mejor esfuerzo para visualizar lo que para nosotros está evidente: cómo se ve a la luz de la experiencia el aprendizaje de estos conceptos; pero, dado que se trata de una discusión entre pares, creemos que es evidente que lo que tratamos de visualizar en nuestros cursos de Filosofía del Derecho es que la justicia se valora conforme a las teorías que el docente emplee para ello. En este caso, empleamos los conceptos de Habermas, Alexy y Dworkin (lamentamos que este último aspecto no lo haya visto Ud. por falta de tiempo), para interpretar justamente el concepto de justicia asumido por la legislación colombiana en lo referente a los llamados "preacuerdos y negociaciones".
        Por cierto, con respecto a lo que plantea acerca del Juez Hércules de Dworkin, evidentemente emite una opinión equivocada puesto que Ud. no vio nuestra ponencia sobre el aspecto del autor que analizamos (el comentario en la ponencia se encuentra a partir del minuto 16:59). Quisimos destacar lo que desde la legislacion colombiana se intenta como un beneficio, el cual, a la luz de nuestro análisis con Dworkin, consideramos un caso de justicia que discrimina a la inversa; esto es, a pesar de otorgar un beneficio por Ley, discrimina a los destinatarios sin razón alguna, sea que se trate de capturados en flagrancia, sea quellos que se hayan sometido a juicio por vía ordinaria.
        Con relación a Alexy, si bien lo que afirma Ud. es cierto, también equivoca su interpretación de nuestra intención de emplear su teoría del discurso práctico racional, incluso para analizar el concepto de justicia estudiado con la ponencia. Lo que intentamos es justificar que el concepto de justicia premial se ajusta al concepto de Alexy acerca del discurso práctico general, aunque apenas indicamos que se distingue del concepto de discurso acerca de los derechos fundamentales de Habermas, pues en Alexy, dada su postura ética, no necesita discernir entre discursos de fundamentación y discursos de aplicación de los derechos fundamentales. Ese es el tema que se trata en la ponencia.
        Repetimos nuestro agradecimiento por haber visto y escuchado aunque sean 15 minutos de nuestra ponencia.

        P.d.: Muchos ponentes de este congreso han enviado sus videos con mas de 15 minutos de duración, los cuales por fortuna si hemos podido disponeer del tiempo para verlos, pues los colegas se lo merecen no solo por su esfuerzo y dedicación, sino por su alto valor conceptual, lo que también agradecemos.

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          José Vicente Villalobos Antúnez

          Comentó el 25/06/2021 a las 22:31:48

          Por otro lado, con relación a la terminología empleada, parece ser que Ud. no cosidera los otros significados que la palabra "dispositivo" tiene. No voy a opinar sobre el concepto de "dispositivo" en Foucault, pues no es nuestro tema de ponencia (hay que recordar también que el término también lo utilizan Han, Agamben y Espósito). Sin embargo, es importante aclarar que el significado que usamos de "dispositivo", es el que indica el DRAE: "2. adj. Der. Dicho de una legislación: Que se aplica a un contrato si las partes no establecen lo contrario." Así que consideramos que no hay que el término "dispositivo legal" encaja perfectamente en nuestro discurso de ponencia.

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      José Vicente Villalobos Antúnez

      Comentó el 23/06/2021 a las 03:29:18

      Muchas gracias

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      Frank Brady Morales Romero

      Comentó el 22/06/2021 a las 21:30:50

      Excelente presentación.

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